Opinión General sobre la Ley General:

El congreso esta ad pueta de expresar su posición respecto a la discusión del Proyecto de Ley General de Educación (LGE), en momentos que las movilizaciones estudiantiles. Por ello, pienso en dar una opinión general sobre la Ley General.



Primero, mucho se ha dicho, escrito y comentado que la educación es un excelente mecanismo para superar la extrema desigualdad social que existe en nuestro país, empero, en Chile la educación no supera la inequidad, sino que la reproduce. Ejemplo de esto es la profunda segmentación y estratificación que existe por origen socioeconómico o zona geográfica de residencia de las familias, el TIMMS de 1999 puso a Chile en el mismo lugar que Sudáfrica, por debajo de Malasia y Filipinas, en relación a la desigualdad del ingreso y puntaje; cada año los resultados del SIMCE ratifican lo anterior, por ejemplo, en el último, más de la mitad de los niños de niveles socioeconómicos bajo y medio-bajo no dominan las habilidades básicas de lenguaje y matemáticas, mientras que más de la mitad del nivel medio-alto y alto si lo hacen; por último, los resultados de la PSU consagran la desigualdad ya que distribuye en las mejores universidades a los alumnos que provienen de colegios que tienen aranceles superiores al sueldo mínimo.



Por lo anterior, toda reforma educacional se debe basar en que el elemento fundamental para mejorar la calidad de la educación es la equidad y no la libertad de enseñanza, puesto que el problema existe en la mala educación que reciben los jóvenes de menores recursos y no los de más alto nivel socioeconómico. No es un tema de acceso a la educación, sino que de elevar la calidad de la educación en los estratos más bajos. Por ello, como el mercado no llega a dichos sectores, no se hace cargo por temas económicos, es el Estado el que debe tomar un rol esencial y primario en la educación. Si Educar es gobernar, dijo Pedro Aguirre Cerda, la equidad para la calidad debería ser nuestro lema.



Segundo, si bien el nuevo proyecto regula y se hace cargo de temas importante, como la fiscalización de los recursos públicos, aumento de barreras para ser sostenedor, el reconocimiento de la educación lafkenche y la educación para adultos (comprendida como educación permanente), la reestructuración del Consejo Nacional de Educación, la creación de una agencia de calidad de la educación, entre otros, la LGE mantiene una institucionalidad carente entorno a la educación pública, da una preeminencia excesiva a la libertad de enseñanza, entendida como la libertad de abrir establecimientos, se mantiene la segmentación y estratificación y no considera aspectos relevantes para mejorar la calidad ni equidad educacional.



Ejemplo de lo anterior es que el Proyecto no contempla un capitulo especial para abordar los deberes del Estado, ni asuma el compromiso por la educación como un tema de política pública, ni lo prioriza. El artículo 5º, sobre lo que le corresponde al Estado, es bastante pobre, nimio y poco claro. Falta por ejemplo que el Estado asuma la provisión de servicios educativos accesibles para toda la población, estimule la educación permanente y el desarrollo íntegro de los ciudadanos y ciudadanas del país, asegure la equidad educacional, etc. Es más, la enunciación de principios en que se basa la educación chilena deja fuera el principio de multiculturalidad, laicidad, conciencia ambiental, entre otros, y define de modo errado los principios enunciados como la equidad, calidad, participación (entendida sólo como información), entre otros. En el artículo 12º se discrimina por selección y el 46º permite el lucro con los recursos públicos. La derecha económica y segregadora prevalece en estos articulados.



Tercero, el Proyecto mantiene la estructura neoliberal que imprimió Pinochet en la LOCE, confirmando el carácter subsidiario y secundario del Estado en la educación. En el último inciso del artículo 4º, se señala que el Estado debe “velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa”, sólo “promoviendo” la reducción de las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras. Mientras que el Proyecto original-pre acuerdo- señaló que el Estado debía “establecer políticas que contemplen medidas compensatorias o de discriminación positiva”, teniendo un rol pro activo en esas problemáticas. También, en el artículo 4º señala que el deber primordial del Estado es proteger el derecho de los padres de educar a sus hijos, sólo proteger, no fortalecer, asegurar, ni nada por el estilo.



Cuarto, la LGE perjudica la profesión docente. Respecto a los Derechos que tienen los profesores, no se menciona un elemento esencial que la capacitación ni formación permanente, tampoco el derecho a trabajar en colectivo. Además, el artículo 46, letra g), atenta contra la profesión docente en la educación media, puesto que se permite a cualquier profesional (que tenga ocho semestres de educación universitaria o técnica) hacer clases en dicha etapa escolar.



Por último, pese algunas observaciones importantes, el Proyecto no se hace cargo de la desmunicipalización ni el sistema de financiamiento de la educación, por el contrario, fortalece el sistema actual.



En suma, el Proyecto es absolutamente contrario a la postura radical, no se acerca en nada, así lo entendieron nuestros parlamentarios que-junto con los diputados del Partido Socialista y algunos del PPD- presentaron las indicaciones que tienen “congelada” su discusión. Por ello, resumiendo lo ya señalado, me parece pertinente exponer los siguientes criterios para abrir el debate público de la JR entorno a la Ley General de la Educación.



1. Sumarnos a las manifestaciones estudiantiles y ratificar nuestro profundo rechazo al acuerdo alcanzado por el Gobierno de Chile, la Alianza y la Concertación que da vida a éste frankenstein educacional llamado “Ley General de Educación (LGE)”.
2. Pedir a nuestro Presidente Nacional, José Antonio Gómez, y a todos los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional que se revise de “pies a cabeza” el acuerdo con el Gobierno y la Alianza.
3. Reconocer que la discusión es de principios y no cálculos político- pese a que también tiene consecuencias políticas- por ello, nuestro partido no puede ser parte de algo que atenta contra sus axiomas e historia.
4. Ratificar nuestro compromiso por la desmunicipalización de la educación, fortalecer la educación pública e incorporar el criterio obligatorio de laicidad para todo establecimiento subvencionado o que reciba aportes estatales.